Roj: STSJ CL 943/ ECLI: ES:TSJCL:2012:943


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1 Roj: STSJ CL 943/ ECLI: ES:TSJCL:2012:943 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Burgos Sección: 2 Fecha: 15/02/2012 Nº de Recurso: 601/2010 Nº de Resolución: 81/2012 Procedimiento: TRIBUTARIA Ponente: LUIS MIGUEL BLANCO DOMINGUEZ Tipo de Resolución: Sentencia SENTENCIA En la ciudad de Burgos, a quince de Febrero de dos mil doce. En el recurso número 601/10, interpuesto por D. Vidal representado por el Procurador Elena Cobo de Guzmán Pisón y defendido por el Letrado Soledad Romeral Martín, contra Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos de 27 de septiembre de 2010, reclamación nº NUM000 sobre Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendo comparecido, como parte demandada la JUNTA DE CASTILLA Y LEON, representada y defendida por el Sr. Letrado de la Junta. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala el día 14 de diciembre de Admitido a trámite se dio al mismo la publicidad legal y se reclamó el expediente administrativo; recibido se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito de fecha 4 de marzo de 2011, que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando se dicte Sentencia por la que: "se declare que procede tramitar expediente de rectificación de errores respecto de la liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas practicada por la Oficina Liquidadora de Aranda de Duero al existir un error material en la valoración de la finca objeto de la transmisión". SEGUNDO: Se confirió traslado de la demanda por término legal a la JUNTA DE CASTILLA Y LEON, quien contestó a medio de escrito de 18 de abril de 2011, oponiéndose al recurso y solicitando su desestimación en base a los fundamentos jurídicos que aduce. TERCERO: Una vez dictado Auto de fijación de cuantía, y recibido el recurso a prueba se practicó con el resultado que obra en autos, y habiendo solicitado las partes la presentación de conclusiones escritas, se evacuó traslado para cumplimentar tal trámite, quedando el recurso concluso para sentencia, y no pudiéndose dictar ésta en el plazo de diez días previsto en el art de la Ley 29/98, al existir recursos pendientes de señalamiento para Votación y Fallo con preferencia, y puesto que el art de la misma Ley, establece que tal señalamiento se ajustará al orden expresado en el apartado 1 del artículo anterior y existiendo en la Sala recursos conclusos de fecha anterior, y por tanto con preferencia para efectuar su señalamiento al de este recurso, quedaron los autos pendientes de señalamiento de día para Votación y Fallo, para cuando por orden de declaración de conclusos correspondiese, habiéndose señalado el día 9 de Febrero de 2012 para votación y fallo, lo que se efectuó. Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este recurso. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1

2 PRIMERO- Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos de 27 de septiembre de 2010 por la que se desestima la reclamación económico administrativa número NUM000 interpuesta contra el Acuerdo de la oficina liquidadora de Aranda de Duero de no iniciar expediente de rectificación de errores derivado de la liquidación NUM001, girada por la modalidad de "transmisiones patrimoniales onerosas" que determina un importe a ingresar de 8.229,28 euros. SEGUNDO- La parte actora interpone recurso para que se deje sin efecto la Resolución recurrida y se declare que procede tramitar expediente de rectificación de errores respecto de la liquidación girada. Para ello, alega que adquirió determinada finca rústica, abonando el precio de euros, figurando en la escritura pública una extensión de metros cuadrados y que abriéndose expediente de comprobación de valores se giró la liquidación donde se fijaba el valor de la finca adquirida en euros. Comprobado, tras la notificación de la liquidación que la finca adquirida tenía una extensión menor, concretamente de metros cuadrados, se interesó de la oficina liquidadora la rectificación de dicho error, lo que no se llevó a efecto, pese a que la Administración le diga que se ha accedido a esa rectificación. A partir de tales hechos, invoca los artículos 220 y 66 de la Ley General Tributaria así como la jurisprudencia que lo interpreta y concluye que debe accederse a la rectificación interesada. La Administración demandada, rebatiendo los argumentos empleados por el actor, interesa la desestimación de la demanda. TERCERO.- A los efectos de resolver el presente recurso debemos partir de los siguientes antecedentes, que resultan del expediente administrativo. 1.- En fecha 30 de junio de 2006, el actor, junto con su esposa, adquieren mediante escritura pública la finca rústica sita en Aranda de Duero, al pago de "San Isidro" con una superficie de 27 áreas y 62 centiáreas, por un precio de euros, presentándose en fecha 14 de julio de 2006 la correspondiente autoliquidación del impuesto que determina una cuota a pagar de euros. 2.- Iniciado expediente de comprobación de valores, en fecha 30 de abril de 2007 se emite un informe técnico de valoración en la que se fija un valor al inmueble adquirido de euros. En dicho informe se hace constar la superficie de la finca de 0,2762 hectáreas y un valor medio de euros por hectárea, por lo que aplicando los coeficientes allí recogidos y, de acuerdo a la metodología que en dicho informe se expresa, se llega a la cantidad indicada. 3.- Con arreglo a dicho valor se gira la propuesta de liquidación de la que resulta una cuota a pagar de euros (incluidos los intereses de demora), que fue notificado al actor, quien en fecha 18 de mayo de 2007 presenta alegaciones, haciendo constar, por un lado, que ha habido un error en la superficie de la finca, aportando escritura pública donde se refleja el error padecido y donde se dice que la extensión de la finca adquirida es de 1037 metros cuadrados con 82 decímetros cuadrados; y, por otro lado, se argumenta que se considera excesivo al valor dado a la finca 4.- En fecha 3 de enero de 2008 se elabora un nuevo informe de valoración por el técnico de la Administración en la que específicamente se dice que se tiene en cuenta la corrección de la superficie que se ha alegado, resultado un valor de ,00 euros. En dicho informe se recoge como superficies a valorar las siguientes: 0,1037 que se especifica de labor secano a la que se asigna un valor medio de 4.808,00 euros; 0,1107 que se especifica de frutales de secano con un valor medio de 6.010,00 euros así como otras dos superficie de 0,0337 y 0,0043 que se consideran improductivas, y a las que no se les asigna valor alguno. Sumando las dos superficies de labor secano y de frutales secano y aplicando los valores indicados de y euros por hectárea y los coeficientes a los que el informe se refiere se llega a la cantidad indicada de euros. 5.- Con arreglo a esos nuevos valores, se gira la liquidación provisional de la que resulta una cuota a pagar de 8.229,28 euros (incluidos los interese de demora), que fue notificada al actor. 6.- En fecha 6 de febrero de 2009 se presenta un escrito ante la oficina liquidadora de Aranda de Duero en el que se interesa la rectificación de errores materiales con base en el artículo 220 de la Ley General Tributaria por cuanto no se ha tenido en cuenta la extensión real de la finca rústica adquirida, que es de 1.037,82 metros cuadrados. 2

3 7.- En fecha 9 de febrero de 2009 la oficina gestora acuerda no iniciar expediente de rectificación de errores por cuanto el error ya ha sido corregido y frente a dicho acto se interpuso reclamación económico administrativa, que también fue desestimada, y que es la resolución que aquí se recurre. CUARTO.- La cuestión que se plantea en el presente recurso consiste en determinar si procede incoar expediente para la rectificación del error de superficie de la finca adquirida por el actor. Debe, no obstante, aclararse, al hilo de las argumentaciones que se contienen en la Resolución del Tribunal Económico Administrativo, que ahora ya no se plantea que el valor asignado a la finca sea excesivo y por lo tanto no se discute si el mismo constituye un supuesto de error de hecho o de derecho Esta sí era una alegación que junto con el error de superficie se incluyó en el escrito de 18 de mayo de 2007, pero a lo que ya no se refiere el actor en el posterior escrito de 6 de febrero de 2009 en el que solicita la incoación del expediente de rectificación, y, de ahí que la cuestión quede reducida a la que se refiere a la extensión de la finca rústica. Por otro lado, resulta del expediente administrativo que se ha dictado providencia de apremio en relación a la liquidación NUM001. Sin embargo, esta circunstancia no parece que tenga relevancia para la resolución de la cuestión que nos ocupa, ya que a la misma ni se refiere la Resolución del Tribunal Económico, ni la contestación a la demanda (en relación a la extensión de la finca); y, examinadas las resoluciones inicialmente dictadas y confirmadas por la que aquí se recurre, la razón de denegar la incoación del expediente de rectificación no es que se haya dictado la providencia de apremio, a diferencia de lo que parece entender el actor en su demanda, sino que tal decisión se dicta por otro motivo, cual es que la rectificación de la superficie de la finca ya se ha tenido en cuenta en la liquidación girada. QUINTO.- Así las cosas hay que partir del artículo de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que dice " El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción. En particular, se rectificarán por este procedimiento los actos y las resoluciones de las reclamaciones económico- administrativas en los que se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. La resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del acto o resolución que se rectifica." Ha sido la jurisprudencia quien ha establecido los criterios con arreglo a los cuales se puede afirmar que estamos a presencia de un error material, aritmético o de hecho para poder actuar en consecuencia y como prevé el artículo transcrito. A tal efecto, dice la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la Sentencia de 13 de septiembre de 2011, dictada en el recurso 483/2009 que es constante la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo al proclamar que es un principio general imperante en el derecho administrativo y fiscal la posibilidad de subsanar los errores de hecho, materiales y aritméticos, siempre y cuando este remedio no se proyecte más allá de los objetivos fijados por la naturaleza de la institución, puesto que, de lo contrario, quebraría todo el sistema de seguridad jurídica, con el consiguiente caos en el orden jurídico Y añade, esa misma Sentencia que por ello, no es lícito aplicar la técnica del error de hecho a cuestiones que realmente, de ofrecer algún posible error, sería de derecho por afectar al sentido e interpretación dados a las normas o fuentes legales, incluso aunque estos hipotéticos errores jurídicos sean manifiestos y patentes, porque lo que marca la frontera para la subsanación del posible error por la Administración no es el grado de evidencia del mismo, sino que incide en el plano de lo puramente fáctico, sin poner en cuestión declaraciones conceptuales de inequívoco carácter jurídico. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de diciembre de 2003 declara que la posibilidad de corrección de errores exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Ha de implicar una mera rectificación del acto, sin alcanzar a su contenido fundamental; b) Ha de limitarse a errores materiales o de hecho, sin incluir una nueva interpretación o aplicación diferente de norma o valoración jurídica; c) Ha de basarse en datos que obren en el expediente. En sentido muy semejante, las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 y 26 de octubre y 20 de diciembre de 1989 EDJ 1989/11566, 27 de febrero de 1990 EDJ 1990/2183 y 11 de diciembre de 1995 EDJ 1995/7946 ) establecen que para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias: 1. Que se trate de simples 3

4 equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos; 2 Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte; 3. Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables; 4. Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos; y 5. Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto, pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica. Circunstancias que, por lo expuesto, no concurren en el caso examinado. SEXTO.- En el presente caso, el error que alega la parte actora se refiere a la extensión real de la finca rústica adquirida, ya que esta es de 1037,82 metros cuadrados, y no de 2762 metros cuadrados, como inicialmente se hizo constar en la escritura de 30 de junio de 2006, resultando el mismo de la escritura de subsanación de 3 de septiembre de 2007, que obra en el expediente administrativo. Y no hay duda de que dicho error debe calificarse como un error de hecho, susceptible de ser corregido por la vía del citado artículo de la Ley General Tributaria, según resulta de la interpretación que del mismo hace la jurisprudencia, y así lo ha entendido la oficina gestora, quien insiste en que la nueva liquidación girada se ha confeccionado teniendo en cuenta la subsanación del error, lo que es negado rotundamente por el actor, quien sostiene que no se ha tenido en cuenta le extensión de la finca, esto es, 1037 metros cuadrados, sino que a ello se ha añadido metros cuadrados, siendo esta cuestión la que específicamente se controvierte. Pues bien, cotejando el informe de la Administración de 30 de abril de 2007 y el informe que se realiza una vez puesto de manifiesto el error, de fecha 3 de enero de 2008, observamos con claridad que efectivamente se rectifica la extensión de la finca puesto que de los metros cuadrados que se reflejan en el informe de 30 de abril, se pasa a los metros cuadrados en el posterior informe de 3 de enero. Ahora bien, la oficina gestora no se limita a corregir la extensión de la finca en los términos que solicita el actor, sino que añade metros cuadrados de frutales de secano por lo que en rigor hay que concluir, como sostiene el actor en su demanda que no se ha llevado a cabo la rectificación interesada, de modo y manera que el acto recurrido debe reputarse contrario a derecho. SEPTIMO.- Como resulta de la interpretación jurisprudencial del artículo de la Ley General Tributaria, el error al que este artículo se refiere, según la Sentencia de 28 de septiembre de 1992 (apelación 1754/1989 ) EDJ 1992/9335, es un error "ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por sí solo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y exteriorizándose prima facie por su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de Derecho)", de donde cabe colegir que el acto que se dicte como consecuencia de la rectificación no puede ser un acto que incorpore otros datos que no sean los del anterior, esto es, los del acto rectificado, junto con lo que resulte de la rectificación propiamente dicha y así resulta del último párrafo del artículo que dice que la resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del acto o resolución que se rectifica. Pero esto no es lo que ha sucedido en el caso que nos ocupa, ya que la Administración no se limita a valorar una finca de metros cuadrados con arreglo a los criterios establecidos en el informe de 30 de abril de 2007, que fija un precio medio por hectárea de 4.808,00 euros y un coeficiente de intensidad productiva de 1, sino que a ello añade una superficie adicional de metros cuadrados de frutales secano, que no aparecen en el primer informe, al que asigna un valor por hectárea de euros, aplicando también un coeficiente de 1. Tal actuación no es compatible con la rectificación que dice haber hecho porque va más allá de lo que el expediente le permite y, además, se desconocen por completo las razones que llevan a la oficina gestora a actuar así, ya que nada hay en el expediente administrativo remitido que lo justifique. Más allá de ello, y, en ausencia de razonamiento alguno que justifique el proceder de la Administración aun fuera de los límites de la rectificación de errores, observamos de la documentación que obra en el expediente administrativo, concretamente del certificado catastral telemático, que la parcela NUM002 del polígono NUM003 tiene una extensión total de 0,2762 Ha y que se compone de cuatros subparcelas, identificadas con las letras a) con una extensión de 0,1275 Ha y destinada a cultivo de secano; la b) y la c) con una extensión de 0,0337 Ha y 0,0043 Ha, que son improductivas y la d) con una extensión de 0,1107 Ha y destinada a frutales de secano. A ello se refiere el informe de 3 de enero de Sin embargo, a lo que hay que estar, ya que no se cuestiona la procedencia de la rectificación, es al documento de donde resulta el error, que es la escritura pública de 3 de septiembre de 2007 y allí se establece que la finca adquirida es la que se corresponde catastralmente con la parcela NUM002 a) del polígono NUM003. 4

5 Por lo tanto, el recurso debe estimarse, debiéndose corregir la extensión de la finca, quedando reducida esta única y exclusivamente a metros cuadrados OCTAVO.- De conformidad con lo establecido el artículo 139 de la L.J.C.A. de 1998, no apreciándose mala fe o temeridad en ninguna de las partes del presente recurso, considera esta Sala procedente no hacer pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales originadas en el presente recurso. VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha dictado el siguiente: FALLO: E stimar el recurso contencioso-administrativo Nº 601/10 interpuesto por la Procuradora Doña Elena Cobo de Guzmán Pisón, en nombre y representación de D. Vidal, defendido por la Letrada Dª. Soledad Romeral Martín, contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos de 27 de septiembre de 2010 por la que se desestima la reclamación económico administrativa número NUM000, y en el que ha intervenido como parte demandada la Administración de la Comunidad Autónoma, representada y defendida por sus Servicios Jurídicos, debiendo declarar: PRIMERO.- Que la Resolución recurrida es contraria a derecho. SEGUNDO.- Que reconocemos el derecho del actor a que se acceda a la rectificación de la liquidación girada por la Administración en el sentido de que se valore única y exclusivamente la extensión de la finca que ha sido rectificada, que es de 1037 metros cuadrados y 82 decímetros cuadrados. TERCERO.- Que no procede imponer las costas a ninguna de las partes. Contra esta resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno. Una vez firme esta sentencia, devuélvase el expediente administrativo al Órgano de procedencia con certificación de esta resolución para su conocimiento y ejecución. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la sentencia anterior por el Ilmo Magistrado Ponente Sr. D. Luis Miguel Blanco Dominguez, en la sesión pública de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos) a quince de Febrero de dos mil doce, de que yo el Secretario de la Sala Certifico. 5

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